Con Honduras; Desde el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense MAOCO

Costa Rica, 10 de julio del 20009

Desde el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense MAOCO, integrado por agricultoras, agricultores, mujeres rurales, personas consumidoras, técnicas y profesionales de diversas instituciones y organizaciones de todo el país, trabajamos diariamente por el fomento y la promoción de un modelo productivo comprometido con el respeto a las diversas formas de vida existentes en nuestra casa común, con la búsqueda de opciones que posibiliten una participación real de los hombres y mujeres en la construcción de sus espacios productivos y comunales, por la garantía de una alimentación sana producida bajo sistemas justos, y en la forja de una patria democrática y soberana, preocupada por asegurar el buen vivir a todos y todas.

En nuestro devenir como Movimiento hemos abanderado las causas para la conformación de una sociedad de nuevo tipo, en donde la participación activa y consciente de la población posibilite la resolución de los grandes temas que nos atañen como sociedad. Un reflejo de este ideal se plasma en el proceso que nos permite tramitar la Ley de Fomento a la Agricultura Orgánica, o nuestra comprometida participación en la lucha contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En este devenir hemos tenido la dicha de compartir aspiraciones y sueños con nuestros hermanos y hermanas centroamericanas, y especialmente con las organizaciones campesinas y de apoyo a la producción agroecológica de Honduras. Destacamos los importantes logros que esta joven democracia ha venido concretando en los últimos años, relacionados con los derechos de los y las trabajadoras a nivel social, económico y político, con los procesos organizativos del movimiento social y sus posibilidades para incidir de manera independiente y lejos de los desgastados aparatos políticos tradicionales en los destinos de la nación hondureña, con su empeño en la construcción de una democracia participativa y solidaria.

El reciente Golpe de Estado dado por la cúpula militar en alianza con sectores poderosos de la sociedad hondureña, en contra del legítimo gobierno democrático del Presidente Manuel Zelaya, representa un doloroso retroceso para los procesos democráticos que se encuentran en marcha en nuestro continente, y no afecta solamente al hermano pueblo de Honduras sino a todos los países de la región.

En base a lo anterior expresamos:

Nuestro reconocimiento al Movimiento Social Hondureño por el papel que le corresponde jugar en esta coyuntura tan especial para su Patria, y nuestro apoyo a las diversas formas de lucha que asuma en pos de la reconstitución de la democracia.

Sumamos nuestra voz a la de los diversos foros internacionales, gobiernos y organizaciones que se han manifestado exigiendo la salida de los golpistas, el retorno de Manuel Zelaya como legítimo presidente de los y las hondureñas, la disolución del ejército y el fortalecimiento de la democracia participativa. Creemos que cualquier diálogo en este contexto se debe realizar teniendo como principal punto de agenda el bienestar del pueblo hondureño.

Condenamos todas las formas de represión que se han generado en los últimos días en Honduras, y solicitamos que se respete la vida y la seguridad de los y las luchadoras sociales detenidos injustamente por los golpistas, en su afán por acallar las ansias de libertad de su pueblo.

Desde nuestra labor cotidiana, en la maravillosa tarea por hacer germinar las semillas y producir los alimentos que garanticen la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, elevamos nuestra plegaria a la Dios y a la Madre Tierra para que la opción por la vida prevalezca en Honduras.

Comité Nacional

Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, MAOCO

MAO SUR MAO NORTE MAOCO Upala-Guatuso-Los Chiles

MAOCO CARIBE MAO PAC (Pacífico Central) Guanacaste

MAO TURRI MAOCA (Cartago) Valle Central Occidental

Red de Consumo Alternativo Red Coproalde Red de Mujeres Rurales

CEDECO Sector Académico Sector privado

Sector público Sector indígena MAELA Costa Rica

Julio de 2009

La dura lucha por la vida

Por: William Ospina

CADA vez que en los Estados Unidos o en Europa, en países que tienen instituciones responsables y un orden de garantías ciudadanas, se habla de las ventajas del capitalismo democrático, nuestros dirigentes salen a sumarse al coro de los satisfechos.

Pero nosotros hemos vivido siempre en el esquema del capitalismo salvaje. Nuestra dirigencia nunca asumió plenamente el ideal de las democracias liberales, que no consiste, como decía Carlyle, en “el caos provisto de urnas electorales”, sino en la construcción de unas garantías para el trabajo y para la inversión, para la convivencia y para el retiro, que permitan a cada ciudadano vivir serenamente, sin entrar en una ciega rivalidad con todos los demás para asegurarse una vida tolerable.

En los últimos tiempos, gracias a eso que suele llamarse el neoliberalismo, en todo el mundo tendieron a reducirse las garantías que la sociedad liberal había buscado y había conquistado, pero aquí buena parte de esas garantías estaba perdida desde el comienzo, y otra se fue perdiendo a lo largo del tiempo. En Colombia se finge que se castiga a los delincuentes, pero a nadie se castiga tanto como a los que trabajan y cumplen con la ley.

Por ejemplo: nadie ignora que toda una generación de campesinos laboriosos, que habían hecho la riqueza nacional durante un siglo en la zona central del país, fue despojada de sus tierras por la violencia de los años cincuenta, en un proceso escandaloso de expropiación que sólo mereció la alarma de nobles juristas como Eduardo Umaña Luna, y el análisis de sociólogos admirables como Orlando Fals Borda.

Por ejemplo: en los años ochenta y noventa, una vez más, millones de personas fueron despojadas de sus tierras por medio de la violencia más atroz, sin que ello haya motivado reacciones efectivas de un Estado cuyos agentes a veces incluso eran socios de los expropiadores. Las facultades de Derecho, y en general toda la supuesta sociedad civilizada, parecen haber asistido inmutables a esa negación flagrante y obscena del derecho de propiedad.

Por ejemplo: en Colombia siempre se hostilizó la actividad sindical, desde los tiempos de la célebre “masacre de las bananeras”, que ya forma parte de la memoria mítica del país, hasta las recientes oleadas de asesinatos de sindicalistas que son las que mantienen en nevera la aprobación por parte de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio.

Por ejemplo: en Colombia ha habido un desmonte gradual de la seguridad social y del sistema de pensiones, y se les ha reemplazado por un burdo y escandaloso sistema de aportes que no está en condiciones de responder a nadie por su salud, ni por una pensión decente para el retiro después de una vida entera dedicada al trabajo.

Suele hablarse de una creciente pérdida de la moralidad ciudadana, del auge de una ideología del enriquecimiento fácil, que han hecho posibles fenómenos macondianos como DMG (no sólo la insensata búsqueda de una rentabilidad fantástica, sino la capacidad de la gente de creer que semejantes milagros sean posibles), y otros sombríos rostros de nuestro presente, como la corrupción y el narcotráfico. Pero es que en la raíz de la conducta humana no está la moral, sino la educación y las tradiciones, la moral misma es hija de ellas, y en nuestro país hemos asistido al desmonte de toda tradición.

Hay algo que Colombia nunca ha conocido: la serena estabilidad de un mundo donde uno no dependa cada día de la lucha ciega por la vida. Ese struggle for life del que ya hablaba exasperado José Asunción Silva a fines del siglo XIX, y que hizo que él mismo se convirtiera en víctima de aquella locura: la necesidad de ser rico a toda costa como única manera de no tener incertidumbres frente al futuro.

Una mínima justicia distributiva hace que cada quien tenga lo necesario para su dignidad y su bienestar: no fuerza a la sociedad a una carrera loca por quién llega primero; pero basta hacer crecer a la gente en el desamparo para que cada quien necesite ser más rico que el vecino. Y cuando todos, desde los más pobres hasta los más ricos, viven en un mundo sin garantías institucionales, en la selva darwiniana de la supervivencia del más fuerte, cada quien tiene que ser no sólo muy trabajador, sino más vivo que los otros, todos se vuelven susceptibles de conductas indebidas y la sociedad entera se ve sometida a una competencia extenuante.

“Nadie es malo —decía Montaigne—, pero cuánto mal se hace”. Nadie parece responsable, pero es evidente la torpeza o la estupidez de una dirigencia que se permite, por arrogancia o por falta de ideas, mantener a toda la sociedad en el desamparo. Y los gobiernos deben ser vistos como responsables porque, por falta de lucidez y de grandes propósitos, llegan siempre a administrar lo que existe, nunca a proponer los cambios que son necesarios para normalizar nuestro orden social. La labor del Estado termina siendo el mantenimiento de la precariedad de un orden injusto y la lucha interminable contra los monstruos que ese tipo de sociedad engendra sin fin.

Todo Estado donde no sean claras las reglas, firmes los límites y evidentes las ventajas de respetar la ley, es una fábrica de desesperación.

WILLIAM OSPINA

Expertos de América Latina llaman a Clinton a oponerse a la Opción de Elecciones Anticipadas en Honduras; Red Sac Guatemala

Cualquier cosa menos que la urgente restauración de Zelaya en la presidencia "sería una usurpación de la voluntad del pueblo hondureño", declaran en Carta Abierta

Santa Cruz, CA - Más de 75 académicos y expertos en América Latina enviaron hoy una carta abierta a la Secretaria de Estado Hillary Clinton instando en contra de la idea de elecciones anticipadas en Honduras como una posible solución a la crisis actual resultante del golpe de estado militar del 28 de junio. Afirmando que "Cualquier cosa menos que la urgente restauración del Presidente Manuel Zelaya en la presidencia sería una usurpación de la voluntad del pueblo hondureño", los signatarios instaron a Clinton a adoptar sanciones enérgicas contra el régimen golpista para garantizar un pronto restablecimiento de Zelaya. Los firmantes incluyen al emérito profesor de Harvard John Womack; el erudito, autor, comentarista y cineasta Saul Landau; el experto en Centroamérica Héctor Perla, y los autores y expertos en Centroamérica Greg Grandin y Dana Frank, entre otros.

"Es sumamente importante que no hagamos ninguna concesión a quienes han perpetrado golpes militares. Al hacerlo, crearíamos un peligroso precedente", dijo Dana Frank, experta en Honduras y profesora de historia en la UC de Santa Cruz.

La carta señala también que el régimen golpista ha suspendido las libertades civiles, eliminando así las condiciones en las que unas elecciones libres y justas pudieran tener lugar en un futuro próximo. Los firmantes también desacreditaron el pretexto para el golpe - los supuestos planes de Zelaya para su reelección - señalando que sería casi imposible que Zelaya fuera reelegido antes de que su sucesor asumiera el próximo año, y que Zelaya afirmó antes del 28 de junio, que no buscaba su reelección.

He aquí la carta íntegra:

9 de julio, 2009

Estimada Secretaria Clinton,

Nosotros, los signatarios de la presente, estamos preocupados por las propuestas por parte de algunos dentro de los círculos de política exterior en Washington para impulsar elecciones anticipadas como solución a la crisis instigada por el ilegal y anti-democrático golpe de Estado en Honduras. Cualquier cosa menos que la urgente restauración del Presidente Manuel Zelaya a la presidencia sería una usurpación de la voluntad del pueblo hondureño. A raíz de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos pidiendo el regreso inmediato e incondicional de Zelaya a la presidencia, EE.UU. deben asegurar su pronto restablecimiento mediante la promulgación de las enérgicas sanciones económicas contra el régimen.

Cada día que el ilegal régimen golpista continúa en el cargo se pone aun más en peligro la capacidad de Honduras para efectuar unas elecciones libres y justas en noviembre, y más aún en un marco de tiempo menor. Las elecciones se llevarían a cabo en este momento bajo un régimen golpista que ha suspendido las libertades civiles, y donde las condiciones para elecciones libres no existen. Tal elección no tendría legitimidad internacional. La democracia tiene que ser restablecida antes para que una elección legítima pueda tener lugar. También es importante evitar hacer concesiones de ningún tipo al gobierno golpista, ya que daría lugar a un terrible precedente, mostrando a otros individuos con mentalidad anti-democrática y hambrientos de poder que puede valer la pena llevar a cabo un golpe militar con el fin de imponer sus programas políticos.

Desde el asalto ilegal a la presidencia al secuestrar al presidente a punta de pistola y ponerle en un avión a Costa Rica, el régimen golpista ha suspendido las libertades civiles y tratado al pueblo hondureño como su enemigo. Han eliminado la libertad de prensa imponiendo una interrupción de los medios de comunicación, han asaltado y detenido periodistas, han reprimido las protestas, detenido a cientos de partidarios del Presidente Zelaya, y asesinado al menos a dos personas al disparar a los manifestantes.

El régimen afirma que actuó con el fin de evitar una maniobra inconstitucional del Presidente Zelaya para extender su mandato. Sin embargo, un examen de los hechos revela que se trata de una dudosa excusa para asaltar las instituciones democráticas y el imperio de la ley. La encuesta propuesta por el Presidente Zelaya hubiera sido un sondeo no vinculante del interés público para una urna adicional de votación - sobre si se debe crear una asamblea constituyente - en las elecciones de noviembre. La pregunta en cuestión decía: "¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva constitución política?".

Zelaya no luchaba por su reelección en noviembre, ni hubiera podido hacerlo. Por lo tanto, la elección del sucesor de Zelaya se programó siempre para noviembre, y su toma de posesión para enero. También Zelaya había afirmado antes del 28 de junio que no deseaba la reelección. Una posible reelección no fue la razón por la cual los militares llevaron a cabo el golpe. Ellos se oponían a las políticas de Zelaya, y a veces han sido honestos acerca de sus verdaderos motivos: " Difícilmente nosotros, con nuestra formación, podemos tener relación con un gobierno de izquierda.," explicó tras la golpe el Coronel Herberth Bayardo Inestroza, abogado del ejército hondureño. "Eso es imposible".

Hay una solución legal, justa y democrática para la crisis actual de Honduras: la rápida restauración del Presidente Zelaya y la imposición de sanciones económicas- tanto en el comercio como en la ayuda, al régimen ilegal. Llamamos a EE.UU. a tomar la iniciativa para garantizar este resultado.

Atentamente,

Sincerely,

John S. Baick
Associate Professor of History
Western New England College*

Marc Becker
Associate Professor of Latin American History
Truman State University

John D. Blanco, Ph.D.
Department of Literature
University of California, San Diego

Blase Bonpane
Director
Office of the Americas

Michael Brun, PhD
Dept. Economics
Illinois State University

Jennifer Burrell, Ph.D
Assistant Professor
Department of Anthropology
University at Albany SUNY

Jose Zapata Calderon
Professor of Sociology and Chicano Studies
Pitzer College

Ron Chilcote
Professor Economics
University of California Riverside

Aviva Chomsky
Professor of History and Coordinator, Latin American Studies
Salem State College

Noam Chomsky
Professor of Linguistics
Massachusetts Institute of Technology

Christopher I. Clement, Ph.D
Visiting Assistant Professor
Pomona College
Department of Politics

Jaime Concha
Professor of Latin American Literature
University of California, San Diego

Emilia Viotti da Costa
Emerita Professor of Latin American History
Yale University

James Goldfarb Devine
Professor of Economics
Loyola Marymount University

Douglas Dowd
Professor or Economic History
University of Modena (Italy)

Luis Duno Gottberg
Associate Professor, Hispanic Languages and Literature
Rice University, Houston, TX

Steve Ellner
Professor Political Science
University of Oriente, Venezuela

Arturo Escobar
Professor of Anthropology
University of North Carolina, Chapel Hill

Samuel Farber
Professor Emeritus of Political Science
Brooklyn College.

Professor Raul Fernandez
Social Sciences
University of California, Irvine

Dana Frank
Professor of History
University of California, Santa Cruz

Gilbert Gonzalez
Professor, School of Social Sciences
University of California, Irvine

Jeffrey Gould
Department of History
Indiana University

Greg Grandin
Professor of History
Director of Graduate Studies
New York University

Richard Grossman
Department of History
Northeastern Illinois University

Lirio Gutierrez
Freie Universitaet Berlin

Professor Peter Hallward
Middlesex University, UK

John L. Hammond
Hunter College and Graduate Center
City University of New York

Bridget Hayden, Ph.D.
Assistant Professor, Department of Anthropology and Sociology
University of Southern Mississippi

Mark Healey
Assistant Professor of History
University of California, Berkeley

Daniel Hellinger
Professor of Political Science
Webster University

Julio Huato
Associate Professor of Economics
St Francis College, Brooklyn, New York

Forrest Hylton
Assistant Professor of Political Science/Int'l. Relations
Universidad de los Andes (Colombia)

Gil Joseph
Farnam Professor of History and International Studies
Yale University

Misha Kokotovic
Associate Professor, Department of Literature
UC San Diego

Glen David Kuecker
Associate Professor, Department of History
DePauw University

Walter LaFeber
Andrew H. and James S. Tisch Distinguished University Professor, Emeritus
Cornell University

Saul Landau
Professor Emeritus
California State University, Pomona

Professor Deborah Levenson
Boston College

Jorge Mariscal
Director, Chicano/a-Latino/a Studies
University of California, San Diego

Luis Martín-Cabrera
Assistant Professor of Literature
University of California, San Diego

Carlota McAllister
Assistant Professor, Department of Anthropology
York University (Canada)

Paul R. McCreary
Member of the Faculty
The Evergreen State College - Tacoma

Axel Montepeque
Ph.D. Candidate
University of California, San Diego

Dr. Nick Morgan
Lecturer in Latin American Studies
University of Newcastle, UK

Mary Nolan
Professor, Department of History
New York University

Gilda L. Ochoa
Associate Professor of Sociology and Chicana/o - Latina/o Studies
Pomona College

Elizabeth Oglesby
Assistant Professor, Geography and Latin American Studies
University of Arizona

Tanalis Padilla
Associate Professor of History
Dartmouth College

Diana Paton
Reader in Caribbean History
Newcastle University, UK

Michael Perelman
Economics Department
California State University

Hector Perla
Assistant Professor, Latin American and Latino Studies
University of California, Santa Cruz

Professor Beatrice Pita
Faculty Supervisor for lower division Spanish, Department of Literature
University of California, San Diego

Deborah Poole
Professor, Anthropology
Johns Hopkins University

Suyapa G. Portillo Villeda
CFD Fellow, History Department
Pomona College

Gabriel Puricelli
Coordinator, International Policy Program
Laboratorio de Políticas Públicas, Buenos Aires, Argentina

Marcus Rediker
Professor and Chair, Department of History
University of Pittsburgh

Gerardo Renique
Associate Professor, Department of History
City College of the City University of New York

William I. Robinson
Professor of Sociology and
Global and International Studies
University of California-Santa Barbara

Dr. Victor M. Rodriguez
Professor, Department of Chicano and Latino Studies
California State University, Long Beach

Cristina Rojas
Professor
Carleton University, Canada

Eduardo Sáenz-Rovner
Professor
Universidad Nacional de Colombia

Rosaura Sanchez
Professor of Latin American Literature and Chicano Literature
University of California, San Diego

Ricardo Sanín Restrepo
Profesor de Ciencias Jurídicas
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

Aaron Schneider
Assistant Professor, Political Science
Tulane University

Dr. T.M. Scruggs
School of Music
University of Iowa

Victor Silverman
Department of History
Pomona College

Lynn Stephen
Distinguished Professor of Anthropology and Ethnic Studies
Director, Center for Latino/a and Latin American Research
University of Oregon

Steve Striffler
Doris Zemurray Stone Chair in Latin American Studies
Professor of Anthropology
University of New Orleans

Christy Thornton
Director and Publisher
North American Congress on Latin America

Miguel Tinker Salas
Professor of History
Pomona College

Sheila R. Tully, Ph.D.
Dept. Of Anthropology
San Francisco State University

Mark Weisbrot
Co-Director
Center for Economic and Policy Research

Sonja Wolf
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Mexico City

John Womack, Jr.
Professor of History, Emeritus
Harvard University

Marilyn B. Young
Professor of History
New York University

Ann Zulawski
Professor of History and Latin American Studies
Smith College, Northampton, MA

Stephen Zunes
University of San Francisco

*Las afiliaciones institucionales se listan solamente para propósitos de identificación.

--
Dan Beeton
Center for Economic and Policy Research
1611 Connecticut Avenue, NW, Suite 400
Washington, DC 20009
Phone: 202-239-1460
Cell: 202 256-6116
Skype: dan.beeton
E-mail: beeton@cepr.net / www.cepr.net

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) Proclama del Consejo Presidencial Extraordinario

Managua, República de Nicaragua, 29 de junio de 2009.- El domingo 28 de junio en horas de la madrugada, cuando el pueblo hondureño se disponía a ejercer su voluntad democrática en una encuesta con carácter de consulta promovida por el Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales para profundizar la democracia participativa, un grupo de uniformados con capuchas que afirmó recibir ordenes del Alto Mando de la Fuerza Armada, asaltó la residencia del Presidente Zelaya para secuestrarlo, desaparecerlo por unas horas y luego expulsarlo violentamente de su Patria.

Inmediatamente, el pueblo de Honduras reaccionó como digno heredero del legado de Francisco Morazán, en las calles de las distintas ciudades y pueblos de Honduras. A primeras horas de la mañana, centenares de mesas electorales recibieron a miles de mujeres y hombres que asistieron a ejercer su derecho al voto, y al ser informados del secuestro de su Presidente, se volcaron a las calles para protestar por el golpe de Estado, dando un ejemplo de heroísmo al enfrentar desarmados los fusiles y los tanques.

A través de las pantallas de Telesur, se logró romper el silencio nacional e internacional que quiso imponer la dictadura al cerrar el canal del Estado y cortar el suministro eléctrico, buscando esconder y justificar el golpe de Estado ante su pueblo y la comunidad internacional, y demostrando una actitud que recuerda la peor epoca de dictaduras que se vivieron en el siglo veinte en nuestro continente.

Como una sola voz, los gobiernos y pueblos del continente reaccionamos condenando el golpe de Estado, dejando claro que en Honduras hay un solo Presidente y un solo Gobierno: el del Presidente Manuel Zelaya Rosales. Asimismo, saludamos las declaraciones de condena que, desde muy temprano, comenzaron a emitir otros gobiernos del mundo.

Ante la urgencia de la situación, los gobiernos del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) convocamos de manera inmediata un Consejo Presidencial de carácter extraordinario, con el objetivo de acordar acciones contundentes para derrotar el golpe de Estado en Honduras, apoyar al heroico pueblo de Morazán y restablecer incondicionalmente al Presidente Manuel Zelaya Rosalesen sus funciones legítimas.

Luego de analizadas las circunstancias en que se ha producido este golpe de Estado, ante la gravedad de las violaciones al Derecho Internacional, los convenios multilaterales y los acuerdos de nuestros países con la República de Honduras, y en vista del tajante rechazo que ha manifestado la comunidad internacional frente al gobierno dictatorial que pretende imponerse, los países miembros del ALBA hemos decidido retirar nuestros Embajadores y dejar a su minima expresión nuestra representación diplomática en Tegucigalpa, hasta tanto el gobierno legitimo del Presidente Manuel Zelaya Rosales sea restituido en sus funciones.

De igual manera reconocemos como unicos representantes diplomaticos de Honduras en nuestros países el personal designado por el Presidete Zelaya, bajo ningun concepto acreditaremos personal designados por los ursupadores.

Igualmente, como miembros plenos de los distintos sistemas de integración del continente, instamos a nuestros países hermanos de UNASUR, SICA, CARICOM, Grupo de Río, ONU y OEA a proceder de igual forma ante los agresores del pueblo hondureño.

Por otra parte, hemos acordado declararnos en alerta permanente para acompañar al valiente pueblo de Honduras en las acciones de lucha que han convocado, e invocamos el contenido de los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Honduras:

“Art. 2: La Soberania corresponde al Pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación. La Soberania del Pueblo podra tambien ejercerse de manera directa, a traves del Plebiscito y el Referendo. La suplantacion de la Soberania popular y la usurpacion de los poderes constituidos se tipifican como delitos de Traicion a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”

“Art. 3 Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitucion y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.”

Así como los principios del Derecho Internacional para respaldar los actos de resistencia y rebelión del pueblo frente a los intentos de dominación. A los maestros, obreros, mujeres, jóvenes, campesinos, indigenas, empresarios honestos, intelectuales y demás actores de la sociedad hondureña, les aseguramos que juntos conquistaremos la gran victoria frente a los golpistas que pretenden imponerse al bravo pueblo de Francisco Morazán.

Invocando el espíritu y el pensamiento de Francisco Morazán, junto a él sentenciamos a los golpistas al proclamar: “Hombres que habéis abusado de los derechos del pueblo por un sórdido y mezquino interés! Con vosotros hablo, enemigos de la independencia y la libertad. Si vuestros hechos, para procurarnos una patria, pueden sufrir un paralelo con los de aquellos centroamericanos que perseguís o habéis expatriado, yo a su nombre os provoco a presentarlos. Ese mismo pueblo que habéis humillado, insultado, envilecido y traicionado tantas veces que os hace hoy los árbitros de sus destinos y nos proscribe por vuestros consejos, ese pueblo será vuestro juez”.

Deben saber quienes dirigen el golpe de Estado, que les será imposible imponerse y burlar la justicia internacional, a la que tarde o temprano serán sometidos. A los oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras, les hacemos un llamado a que rectifiquen y pongan sus armas al servicio del pueblo de Honduras y de su Comandante General, el Presidente José Manuel Zelaya Rosales.

Los países miembros del ALBA, en consulta con los gobiernos del continente y con diversas instancias que garantizan el cumplimiento del Derecho Internacional, estamos adelantando medidas para que las graves violaciones y los crímenes que se están cometiendo, no queden impunes.

El único camino que les queda a los golpistas es deponer su actitud y garantizar de manera inmediata, segura e incondicional, el retorno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales a sus funciones constitucionales.

La República de Honduras es miembro pleno del ALBA, al igual que de otras instancias de integración regional y organismos multilaterales cuya membresía exige el respeto a la soberanía del pueblo y a la constitución. Al haber sido violentados por los golpistas estos condicionantes fundamentales, los gobiernos del ALBA hemos decidido mantener todos los programas de cooperación que adelantamos con Hunduras a través del Presidente Zelaya.

Asimismo, proponemos que se apliquen medidas sancionatorias ejemplarizantes en todos los mecanismos e instancias multilaterales y de integración, que contribuyan a hacer efectiva la restitución inmediata del orden constitucional en Honduras, y otorguen vigencia al principio de acción que nos legara José Martí cuando dijo: "Haga cada uno su parte de deber, y nada podrá vencernos."

Los gobiernos del ALBA nos declaramos en sesión permanente de consulta, con todos los gobiernos del continente, para evaluar otras acciones conjuntas que permitan acompañar al pueblo hondureño en el restablecimiento de la legalidad y la restitución del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

A doscientos años de la gesta histórica que nuestros pueblos desarrollaron a lo largo y ancho de nuestro continente, siguiendo el ejemplo eterno del General de hombres libres Augusto Cesar Sandino, de Francisco Morazan y fieles a la palabra de El Libertador Simon Bolivar, albergamos junto al pueblo del Honduras y a los pueblos del mundo, la seguridad de la victoria, pues "todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos”.

Managua 29 de Junio de 2009

Consejo Presidencial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

Discurso del Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Haroldo Rodas Melgar, Ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados

Excelentísimo Señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de

Estados Americanos, Embajador Graeme Clark,

Excelentísimo Señor Secretario General de la Organización de los Estados

Americanos, Embajador José Miguel Insulza;

Excelentísimo Señor Secretario General Adjunto, Embajador Albert Ramdin;

Excelentísimos señoras y señores miembros del Consejo Permanente de la

Organización de los Estados Americanos;

Señoras y señores:
Permítanme agradecer a este honorable Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la oportunidad que me brinda para referirme a la crítica situación por la que atraviesa la República de Guatemala, hostigada por una serie de hechos y circunstancias que, lejos de ser aislados, están concatenados y articulados con el fin de crear un ambiente auspicio para subvertir el régimen constitucional y atentar contra el estado de derecho y la gobernabilidad democrática.

No obstante haber alcanzado la Paz en 1996 con el fin de un conflicto fraticida que asoló por cuatro décadas a la Nación, los guatemaltecos hemos sufrido durante los últimos años una incesante e inhumana violencia criminal que se ha cebado en contra de la vida, la integridad y los derechos fundamentales de la persona humana.

Esta vorágine delincuencial obedece a una lógica perversa según la cual, al someter a la persona del ciudadano común al constante acoso de la violencia, se perturba la paz social y se genera una psicosis de miedo y terror, cuyo fin mediato es soliviantar la confianza de la población en las instituciones públicas, que por cierto evidencian vulnerabilidad e ineficiencia, pero cuyo verdadero objetivo es fraguar un estado de ingobernabilidad y socavar la legitimidad del gobierno constitucional y democráticamente electo del Presidente Álvaro Colom.

No quiero extenderme haciendo acopio de los trágicos hechos perpetrados en contra de la ciudadanía honesta y trabajadora de Guatemala para no abusar de la benevolencia con que este Consejo Permanente nos distingue, pero permítanme señalar la dimensión de la ola criminal que aqueja a los habitantes del país: solamente en lo que transcurre de este año, más de treinta y cinco pilotos o ayudantes del servicio del transporte urbano han sido brutalmente asesinados.

El pasado martes 24 de marzo fueron ultimados en varios puntos de la ciudad capital seis personas que trabajan como conductores y ayudantes del transporte público en una serie de episodios consecutivos o simultáneos cuya ejecución denota planificación y el propósito evidente de crear una psicosis colectiva, la que llegó a paralizar completamente a una ciudad de cerca de tres millones de habitantes, fatídico día que la prensa local denominó “martes negro”.

Vista la gravedad de estos acontecimientos, el Presidente de la República se vio forzado a suspender su participación en la Cumbre de Presidentes que se reunía en Managua, Nicaragua, el día siguiente, cuya declaración final, al reconocer los graves hechos suscitados, daba “…todo su apoyo y solidaridad al Presidente de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, ante la campaña desestabilizadora que grupos del crimen organizado y otros sectores que se oponen al avance democrático de Guatemala, llevan a cabo con el fin de frenar la política de justicia social y fortalecimiento de la institucionalidad democrática que ha iniciado su gobierno”.

Sería prolijo relatar a este Honorable Consejo los hechos de violencia que diariamente acechan a los guatemaltecos de buena voluntad, pero que no quede atisbo de duda sobre la deliberación y concertación que caracteriza a la vasta mayoría de estos.

Señor Presidente, Señores y Señoras Representantes:
Permítanme referirme a los hechos que han sucedido a raíz del execrable asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg Marzano, ocurrido el pasado domingo 10 de mayo en Ciudad de Guatemala.

El Gobierno de la República de Guatemala reitera su más enérgica condena por este vil y cobarde asesinato, a la vez que rechaza categóricamente las sindicaciones en las que se vincula al Presidente de la República de Guatemala, señor Álvaro Colom Caballeros, así como a la Primera Dama de la Nación, señora Sandra Torres de Colom y al Secretario Privado de la Presidencia, señor Gustavo Alejos Cámbara, en relación a este repudiable hecho.

El Presidente de Guatemala es una persona con principios y valores éticos, es respetuoso de la legalidad e íntegro en su conducta, tiene la más acendrada vocación democrática y es servidor de su pueblo, además de estar comprometido con las clases más necesitadas y marginadas de la sociedad.

El Gobierno de la República y su Presidente tienen el más vital interés para que este hecho sea esclarecido a la mayor brevedad posible, para lo cual ha solicitado al Fiscal General de la Nación realizar urgentemente las investigaciones necesarias para averiguar las circunstancias en que fue perpetrado y dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales de este crimen, por lo que ha instruido a la fuerza pública para que no escatime esfuerzos para adelantar las investigaciones de mérito, para lo cual el Gobierno otorgará su incondicional apoyo.

Asimismo, el Gobierno de Guatemala ha solicitado oficialmente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano independiente de las Naciones Unidas, que preste su concurso y decidido apoyo al Ministerio Público a fin de realizar cuanta diligencia y pesquisa proceda para determinar la verdad sobre este deleznable asesinato.

Igual solicitud se ha cursado a la Agencia Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) a través de la Embajada de los Estados Unidos de América acreditada en Guatemala, así como también se ha solicitado la contribución de países amigos y organismos internacionales en la investigación de estas circunstancias.

El Gobierno de Guatemala brindará toda su cooperación y el apoyo indispensable para realizar un análisis técnico y científico sobre las evidencias y sindicaciones contenidas en los documentos y video relevantes, a efecto de dilucidar este oprobioso crimen y deducir las consiguientes responsabilidades penales a quien resulte implicado en su comisión.

Señor Presidente, Señores y Señoras Representantes:
Debemos recordar que el Gobierno del Presidente Colom libra una lucha sin precedentes contra el crimen organizado, particularmente contra el narcotráfico, el que se ha visto afectado en sus intereses. En los 16 meses de gobierno las incautaciones de cocaína efectuadas por el gobierno ascienden a la cantidad de 2,239.28 kilos equivalentes a unos US$28 millones, en tanto que durante el año de 2007 solamente se incautó 711.07 kilos. Además, durante el año 2008 se erradicaron 278,804,353 matas de amapola y, en lo que va del corriente año, se han erradicado un total de 363,530,671.

Otro significativo logro del Gobierno del Presidente Colom fue el despliegue de más de doscientos operativos conjuntos para desarticular las redes criminales de carteles mexicanos que operaban en el territorio nacional, entre los que destaca la captura de un grupo de narcotraficantes liderados por Daniel Pérez Rojas, alias “Cachetes”, e integrantes del brazo armado del cartel del Golfo denominado los zetas.

A raíz de los diversos operativos y la lucha permanente que impulsa el Gobierno de la República en contra del narcotráfico, se han producido enfrentamientos armados de narcotraficantes con la Policía Nacional Civil, con la cauda de cincuenta y un policías muertos desde enero 2008 a la fecha, habiendo logrado recuperar territorio que estaba en poder del narcotráfico.

Sin duda al crimen organizado, y al narcotráfico en particular, no les conviene el éxito que ha alcanzado el gobierno que preside Álvaro Colom en sus esfuerzos contra el narcotráfico y, por ello, la respuesta de estos grupos que actúan al margen de la ley, no se ha hecho esperar.

Estos delincuentes cuentan con recursos inagotables, tecnología de punta, organización logístico-militar, clandestinidad y un ilimitado arsenal, todo lo cual ha sido instrumentado para crear un ambiente de terror, victimizar al ciudadano y perpetuar la vulnerabilidad de las instituciones y la impunidad frente a la ley.
Estas organizaciones criminales han sido capaces de urdir planes sediciosos y buscan evitar que el Presidente Colom siga gobernando. Lo que hemos vivido en Guatemala en los últimos días es parte de una ola violenta y artera que busca provocar la ingobernabilidad del país y el colapso de sus instituciones.

Pero también debemos anotar que el gobierno del Presidente Colom está comprometido con el desarrollo social y el bienestar de los más pobres. En efecto, en enero de 2008 se iniciaron en Guatemala la implementación de una serie de programas sociales como los que se han puesto en marcha en otros países de América Latina, y que han tenido una incidencia muy favorable en los estamentos más empobrecidos y marginados de la sociedad.

En Guatemala, tales programas han recibido una férrea oposición de un pequeño sector de la población; sin embargo, hoy día existen más de trescientas mil familias que se benefician a través del programa Mi Familia Progresa (remesas condicionadas) mediante programas como bolsas solidarias de alimentos, escuelas abiertas y ProRural, que atiende a campesinos de escasos recursos en el interior de la República.

El Presidente Colom le ha asegurado a estos miles de centenares de guatemaltecos que han sido beneficiados con estos programas, que a pesar de la oposición y de la desestabilización que le están causando a su gobierno, estos programas continuarán.

Asimismo, derivado de la propagación del virus de la influenza A H1N1, el Gobierno de Guatemala decretó la semana anterior el Estado de Calamidad, con el objeto de tener un mejor control de la epidemia. Sin embargo, y como muestra de la transparencia y buena voluntad del gobierno para que el asesinato del abogado Rosenberg sea completamente develado, el Consejo de Ministros acordó suprimir tal estado de excepción y lo sustituyó con medidas administrativas que propendan a evitar la propagación del virus.

Señor Presidente, Señoras y Señores Representantes, Señor Secretario General y Señor Secretario General Adjunto:

Guatemala acude hoy a esta organización para reafirmar su compromiso con los propósitos esenciales y los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y los postulados de la Carta Democrática
Interamericana, convencida de la necesidad de promover y defender la democracia representativa con sujeción absoluta al pleno respeto de las libertades fundamentales de la persona humana.

En esta crítica coyuntura, Guatemala hace un vehemente llamado a todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos para que presten al pueblo de nuestra Nación la solidaridad hemisférica y otorguen su decidido respaldo al Gobierno constitucional y democráticamente electo del presidente Álvaro Colom Caballeros a fin de preservar la estabilidad y asegurar la paz social del país.

Muchas gracias.

Lucha de clases en medio de la crisis política en Guatemala

Por Erwin Pérez 15 de Mayo 2009.- Guatemala vive en estos días en medio de un terrible escándalo, la divulgación de un vídeo en el cual se acusa al Presidente de la República, Álvaro Colom, a su Secretario Privado, Gustavo Alejos y a la Primera Dama, Sandra Torres, de asesinato; ha sido el detonante de una serie de episodios políticos que tienen en aprietos al mandatario y a todo su equipo.

El abogado Rodrigo Rosenberg, asesinado el domingo 10 de mayo cerca de su residencia en la exclusiva zona 14, en vídeo grabado 3 días antes de su deceso, denunció que su asesinato habría sido cometido por conocer las interioridades que envuelven el crimen del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie.

Este crimen, según Rosenberg, se habría cometido a partir que el secretario del presidente Colom, Gustavo Alejos, propuso a Musa asumir un puesto en la Junta Directiva de Banrural y en la Asociación Nacional del Café, ANACAFE, al aceptar el puesto en Banrural, Musa habría puesto en riesgo presuntos negocios turbios que allí se realizan para lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de la corrupción en el Estado.

En la lógica del vídeo, los responsables de los asesinatos de Khalil y su hija, el Secretario Privado Presidencial; Gregorio Valdez, financista de la reciente campaña del presidente Colom; dos directivos del banco, y que éstos habrían actuado con consentimiento del Presidente Álvaro Colom y de su esposa, Sandra Torres. Está claro que una acusación de tal magnitud acciona una cadena de sismos políticos que hasta ahora nadie puede predecir cómo terminarán. No obstante hay grupos que si tienen muy bien definido el rumbo que les gustaría que este episodio tuviera: la salida del Presidente de la República de su puesto.

El asunto es muy complejo porque se entrelazan dos aspectos clave para solucionar el problema. Por un lado está el tratamiento jurídico que obligadamente implica, y por otro está la dimensión política que el crimen alcanzó. La lectura objetiva de los acontecimientos que han surgido desde que se conoció la existencia del vídeo, requiere como punto de partida, tener plena conciencia de las condiciones en que está el Estado, (análisis aparte es identificar por qué el Estado está en condiciones tan endebles y vulnerables, quiénes son los responsables de la debilidad del Estado y, sobre todo, cuál es su papel en la actual coyuntura).

El nuestro es un Estado altamente dependiente, profundamente conservador, excluyente, racista, debilitado en su estructura política y jurídica, sin posibilidades de garantizar al menos educación y salud de calidad. El país es el segundo más desigual de América Latina, con elevadas concentraciones de riqueza, baja recaudación tributaria, altos niveles de violencia y sin mayores posibilidad de fortalecer la incipiente democracia, principalmente porque implicaría alterar los privilegios de la clase dominante; en síntesis, Guatemala es un país que está tratando de encontrar la forma de ser viable en el futuro. Debido a esas condiciones, el tratamiento del escándalo que nos ocupa debe ser darse con suma prudencia.

Es recomendable, desde cualquier posición que se tenga, atender las normas básicas de la razón y por ningún motivo accionar de forma hepática o de manera interesada para defender o acaparar privilegios sectoriales, como lo están haciendo los grupos que están demandando la salida del Presidente Colom. En contra del Presidente se ha montado una costosa campaña -del tipo que sólo ha sido observada en Venezuela, por la oligarquía que anhela defenestrar al mandatario venezolano Hugo Chávez- hay movilizaciones frente al palacio de gobierno demandando castigo a los culpables.

Se trata de manifestantes de clase media alta y alta, con guardias de seguridad a su lado, con suntuosas pantallas digitales gigantes que reproducen el vídeo, estudiantes de las universidades donde se “educa” parte de la oligarquía conservadora, con respaldo mediático que no sólo responde al mandato de sus patrones corporativos, sino que incita abiertamente a la rebelión contra el mandatario. Los grupos más reaccionarios y conservadores son quienes están en las calles protestando, supuestamente en contra de la violencia que llevó a uno de los suyos a la tumba. Extraña actitud frente a la imparable violencia, si consideramos que su preocupación en estos meses de inseguridad, ha sido saber en dónde está el “pobre” muerto del día; para evitar esa calle y así tomar rutas alternas hacia sus empresas.

Afortunadamente para esta clase dominante, también hay derecho de manifestación y ese derecho se ha respetado escrupulosamente. Igualmente fiel ha sido el respeto al derecho de libre expresión en el cual los medios comerciales de información han refugiado sus diatribas antigubernamentales. En ese sentido es propicio considerar en la lectura de este escándalo el papel que han jugado las empresas (medios) de información, principalmente los impresos y algunos radiales. Observamos con interés una transformación del lenguaje periodístico; hoy son “manifestaciones” o “concentraciones”, en cambio cuando quienes ocupan las calles son campesinos, indígenas, estudiantes u obreros el calificativo es “disturbios o bochinches”.

La agenda mediática está definida, 6 ó 7 páginas completas –depende del periódico- destinadas a favor del asesinado Rosenberg y en contra del gobierno de Colom, explican ampliamente la intencionalidad y la posición de estas corporaciones de información. Se observa además que mucha de la información no está encaminada a la búsqueda de la verdad y la justicia sobre el crimen, sino tiene la perversa intencionalidad de caldear los ánimos. Se hacen condenas extrajudiciales, apresuradas, evidentemente interesadas y parcializadas, y sobre todo, abiertamente irresponsables.

Por eso es que no extraña que quien se atribuye la filmación del vídeo sea el abogado y periodista de ultraderecha, Mario David García. Bien dicen que en política las casualidades no existen. Y es que un familiar de Rodrigo Rosenberg dijo al “Diario de Hoy”, de El Salvador, “…hay gente que habría querido ganar protagonismo en la sociedad guatemalteca tras dar a conocer el contenido del vídeo y luego dar a conocer que había participado en la grabación del mismo.

El pariente considera que Mario David García –quien se atribuyó la grabación– debe ser investigado.”[1] Más comprometedor aún, agrega que con el caso “García habría visto la forma de tomar revancha contra uno de los socios de Banrural –se abstuvo de dar nombres– que hace varios años habría tenido que ver en el cierre del un canal de televisión de García.”[2] En realidad se refiere al programa noticioso “Aquí el Mundo”, propiedad de García y que fue clausurado a mediados de los ochenta.

El discurso de la prensa comercial y el que exhiben los grupos acomodados del país, que han tomado la plaza a bordo de lujosos vehículos último modelo, es el de llamar con insistencia a la renuncia del presidente, lo que naturalmente implica la alteración al orden constitucional. “nosotros no queremos alterar el orden institucional, solamente queremos que se vaya el Presidente”, dicen sin ninguna responsabilidad.

Esa postura es entendida en la lógica que ha dominado a ciertos grupos empresariales del país, enmarcada en la tradicional y conservadora forma de ver al Estado como su sirviente y fiel guardián. Es decir, la cultura política de estos grupos se reduce a la utilización de los partidos políticos y del Ejército como meros instrumentos de dominación o preservación de sus privilegios, conservados desde la época colonial.

Y para nadie es un secreto que detrás de las movilizaciones también hay interés de los partidos políticos por capitalizar las agitaciones a su favor. El requerimiento público de renuncia al Presidente lo planteó el ex oficial de inteligencia Otto Pérez Molina, en conferencia de prensa en la que mostró indignación por el crimen de Rosenberg pero guardó silencio por el asesinato de la secretaria de su partido, Aura Marina Salazar y del agente de seguridad presidencial, Valerio Ramiro Castañón, ni del crimen de Edwin Pacay Paredes, el ex agente de inteligencia muy cercano al Partido Patriota, en 2007.

El pastor evangélico, ansioso de convertirse en Presidente, Harold Caballeros, también se posicionó a favor de la clase acomodada que reclama la renuncia del mandatario, en un gesto de evidente oportunismo. Lo mismo demuestra la participación, en la tarima instalada frente al palacio el pasado jueves, de Mario Polanco, esposo de la secretaria general del deteriorado partido político Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro.

Crear o mantener la inestabilidad social, es un medio político perverso para conseguir o alcanzar aspiraciones políticas. Lo que corresponde en un análisis serio, es observar y dar lectura a la forma en que el Gobierno está reaccionando a este entramado político que se ha montado en su contra. Y a partir de considerar esas reacciones gubernamentales, intentar esbozar los posibles escenarios que en el futuro inmediato se podrían crear en nuestro país. Lo cual exploraremos en la siguiente entrega del Reporte Diario.

17 campesinos inocentes de San Andrés Azumiatla están presos por defender sus tierras

La Jornada de Oriente

Ana María Ashwell

Por e–mail se difunde una invitación de parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla–Tlaxcala (frentedepueblos@yahoo. com.mx, laespiral7@yahoo.com) para asistir y apoyar a una caravana que avanzará por la cercanía de los pueblos Barrranca Honda, Tlaltepango, La Resurrección, San Andrés Azumiatla, San Bernardino Tlaxcalancingo, Santa María Acuexcomac, Buena Vista, San Lucas Atzala y Santa María Zacatepec hasta arribar al centro de la ciudad de Puebla el día sábado 16 de mayo.

La caravana viene en representación de más de 30 comunidades del valle Puebla y Tlaxcala –comunidades unidas para resistir la expropiación de sus tierras y recursos naturales debido a que un proyecto carretero (arco poniente y arco norte)– promovido y sostenido por el gobernador Mario Marín –implica un daño ambiental y patrimonial– y del patrimonio arqueológico y cultural– irreversible para sus comunidades.

En el año 2005 nosotros intentamos una resistencia ciudadana, con miembros de Pro Cholula, por el avance de la carretera que el gobernador Mario Marín y el entonces presidente municipal Juan Pablo Jiménez pretendían atravesara (argumentando modernidad y progreso) a cuatro calles (sobre la 12 Poniente) del zócalo, una de las ciudades arqueológicas más importantes y hermosas del México moderno: San Pedro Cholula.

Un año antes el gobierno había anunciado no solo su ambicioso proyecto carretero sino el rescate ambiental y ecológico del lago de Valsequillo. Progreso y modernidad nos fueron prometidos con estos proyectos aunque con el tiempo solo hubo destrucción ambiental y daño patrimonial en el valle cholulteca.

Entre Puebla y el aeropuerto de Huejotzingo se talaron miles de árboles antiguos (sembrados desde 1933) en los costados de la carretera federal Puebla Tlaxcala; inició el acaparamiento de tierras ejidales y de pequeñas propiedades en las cercanías del volcán Tzapoteca a favor de inmobiliarias; se aceleró la urbanización sobre tierras en la reserva ecológica en el volcán Tzapoteca (indispensable para la captación de agua en el valle cholulteca); hubo acaparamiento y agotamiento de los mantos acuíferos de pueblos como Nealtican y Acuexcomac; se destruyeron suelos arqueológicos; se abatió una foresta que permitía la filtración de agua al subsuelo y que promovía la retención de aguas pluviales y evitaba mayor erosión en los suelos... y a nosotros miembros de Pro Cholula –unos pocos ciudadanos sin partido y sin intereses más que con nuestra comunidad en San Pedro Cholula– se nos amenazó, difamó y persiguió por ordenes directas del gobernador Marín argumentando que nos oponíamos al progreso de los cholultecas.

Pero, ¿y el progreso? Por lo menos para los pueblos cholultecas y tlaxcaltecas directamente “beneficiados” por esa tala de árboles y la carretera en 2005, ese nunca llegó.

El Proyecto Aura o lo que es el arco poniente y norte de la ciudad de Puebla implica ahora la expropiación de más de 10 mil 481 hectáreas de predios ejidales indispensables para sustentar la vida de comunidades ancestrales. Implica no solo la desaparición de comunidades que resguardan la historia y las tradiciones culturales del valle poblano tlaxcalteca, sino sobre todo implica inevitablemente la destrucción de cerros, acuíferos y arbolados que por la “generosa” suma de 8 a 10 pesos el metro cuadrado se convertirán en una carretera de pago de a 50 pesos por automóvil.

Estadísticas del INEGI, indican que en Puebla existen menos de dos metros cuadrados de zonas verdes por habitante (la Organización Mundial de la Salud recomienda 15 metros cuadrados por habitante en zona urbana); no existen plantas tratadoras de agua que vuelvan aceptables las descargas de aguas negras a los ríos ( las 181 plantas existentes reducen sólidos y residuos biológicos pero no limpian el agua para que sean vertidos a ríos); hay 300 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas que se vierten a ríos y riachuelos; en los últimos años se ha perdido el 60 por ciento de la cobertura vegetal en el Estado y lo más escalofriante: el cemento avanza en el valle poblano tlaxcalteca 2.5 hectáreas... ¡al día!

¿Por qué en vez de ir en contra del bienestar y la voluntad de estos pueblos el gobierno poblano no les ofrece inversiones para reforestar cerros y zonas altas aledañas a sus comunidades? ¿Por qué no invierte en programas sustentables, ecológicos y culturales que generen trabajos al interior de las comunidades, según sus necesidades y condiciones sociales específicas?

Los campesinos que vienen en esta caravana sospechan que les imponen la carretera porque encubre grandes negocios inmobiliarios de importantes empresarios y políticos poblanos.

Mientras tanto, 17 campesinos indígenas de Azumiatla fueron apresados con extrema violencia el 25 de abril y están hoy presos por defender sus tierras. El gobierno poblano que ha demostrado desprecio por la ley, que ha obrado con ilegalidad para proteger a pedófilos como Kamel Nacif, ahora aplica la ley para encarcelar a aquellos que resisten y resienten la imposición de la carretera en sus tierras ¡incluyendo una mujer embarazada, un anciano y un joven con discapacidad mental! Esta acción represiva del Estado poblano en Azumiatla es a todas luces inmoral. Inmoral. El gobierno debe rectificar y liberarlos